Normas e inteligencia responsable

Nuestros encargos requieren una finalidad legítima, un mandato autorizado del cliente y un alcance proporcionado. Evaluamos las restricciones legales y éticas pertinentes para las jurisdicciones implicadas. El trabajo que requiera habilitación profesional, un procedimiento judicial o una interpretación jurídica especializada debe contar con asesores debidamente cualificados.

Excluimos el soborno, la coacción, la interceptación ilícita, el acceso no autorizado a sistemas y la obtención ilícita de datos personales. No nos presentamos como policías, agentes de inteligencia gubernamentales ni titulares de potestades que no poseemos. La confidencialidad no prevalece sobre la ley ni elimina las obligaciones de respetar los derechos individuales.

La información se evalúa atendiendo a su relevancia, procedencia y fiabilidad. Las alegaciones siguen identificándose como tales. Las fuentes pueden estar equivocadas, ser parciales o responder a intereses, por lo que la corroboración y el examen crítico del análisis forman parte integral del trabajo. No suprimimos hallazgos contradictorios para respaldar la narrativa preferida de un cliente.

Las condiciones de tratamiento, el acceso a los informes y las expectativas de conservación deben acordarse desde el principio. Procuramos reducir al mínimo la información personal innecesaria y explicar los límites de la evaluación. Los clientes no deben enviar material altamente sensible a través de una consulta inicial en el sitio web; puede acordarse un método de intercambio adecuado tras evaluar el encargo.